Registro de líneas móviles y confianza digital en México: una perspectiva institucional

Leonardo Cardona Hernández

Eduardo Pérez Luquin

El análisis de la economía digital y la regulación de las telecomunicaciones en México puede fundamentarse en la teoría de la Economía Institucional, particularmente, en las aportaciones de Douglas North (1990). Desde esta perspectiva, las instituciones (entendidas como el conjunto de restricciones formales e informales que estructuran la interacción económica y social) tienen como propósito claro proporcionar una estructura que reduzca la incertidumbre y los costos de transacción, facilitando así el intercambio económico.

En este contexto, el lineamiento emitido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (en adelante, CRT), que establece la obligatoriedad del registro de líneas móviles, puede interpretarse como un instrumento de intervención institucional orientado a reconfigurar la estructura de incentivos y restricciones que rige el comportamiento de los agentes. Específicamente, esta medida busca incidir en las condiciones de seguridad y certidumbre del entorno digital, al fortalecer los mecanismos de identificación y trazabilidad, con implicaciones directas sobre los costos de transacción y la gobernanza del sector en México.

El pasado 8 de diciembre, la CRT aprobó los lineamientos para la identificación obligatoria de líneas telefónicas móviles, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad en el sector. Dichos lineamientos entraron en vigor el 9 de enero de 2026, estableciendo la obligación para los usuarios de registrar sus líneas móviles como condición necesaria para su activación y vinculación a un titular identificado. Esta disposición introduce nuevas exigencias regulatorias que inciden directamente en la dinámica de acceso, uso y supervisión de los servicios de telecomunicaciones en México (CRT, 2025).

Al cierre de enero de este año, únicamente el 1.9 por ciento de los usuarios, equivalente a aproximadamente 3 millones de líneas, había completado el proceso de registro. Si bien la CRT anticipa una eventual aceleración en el cumplimiento, persiste un obstáculo crítico: la vulnerabilidad de las plataformas gubernamentales frente a ciberataques. Las recientes filtraciones de información en instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que comprometieron los datos personales de más de 36 millones de mexicanos, han mermado significativamente la confianza ciudadana, lo que podría estar incidiendo negativamente en la disposición de los usuarios a cumplir con la normativa (Lucas-Bartolo, 2026).

Asimismo, la protección de los datos personales constituye un elemento central tanto para el Estado como para las empresas del sector, en la medida en que la falta de certidumbre en materia de seguridad digital no solo merma la confianza de los usuarios, sino que también introduce riesgos sistémicos para la estabilidad del ecosistema financiero. En particular, la alta dependencia de la banca móvil, donde el número telefónico sirve como mecanismo de autenticación y vinculación para la gestión de cuentas, tarjetas y transacciones, implica que eventuales suspensiones de líneas o vulneraciones de información podrían traducirse en disrupciones operativas de gran escala.

Consecuentemente, la exposición de fallas estructurales en la estrategia nacional de ciberseguridad, evidenciada por recientes incidentes de filtración de datos, incrementa los riesgos de fraude, suplantación de identidad y pérdida de información sensible. Por ello, el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de protección de datos no solo resulta necesario para salvaguardar a los usuarios, sino también para restablecer la confianza y garantizar el funcionamiento eficiente del sistema financiero digital.

La magnitud de los riesgos asociados a la vulnerabilidad del sistema digital puede dimensionarse a partir de la creciente penetración de la banca móvil en México. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), durante el cuarto trimestre de 2025, algunas instituciones como BBVA, Banamex y Banorte concentraron volúmenes sustanciales de operaciones con tarjetas de débito, acumulando cientos de millones de transacciones autorizadas. En particular, BBVA lideró el mercado con más de 157 millones de operaciones y un monto superior a 78 mil millones de pesos, lo que evidencia no solo la intensidad del uso de medios digitales, sino también la fuerte dependencia de los usuarios respecto a estos canales para la gestión cotidiana de sus recursos.

Bajo este contexto, considerando que el número telefónico constituye un elemento clave para la autenticación y operación dentro de la banca móvil, la posible pérdida de líneas, ya sea por incumplimiento regulatorio o por desconfianza en el registro, introduce un riesgo significativo de disrupción en el sistema financiero digital. Así, la incertidumbre en torno a la protección de datos personales no solo afecta la disposición de los usuarios a cumplir con la normativa, sino que también puede traducirse en una contracción en el uso de servicios financieros digitales. En consecuencia, resulta necesario que el Estado fortalezca de manera acelerada sus capacidades en materia de ciberseguridad, a fin de restablecer la confianza institucional y garantizar la continuidad operativa de un sistema cada vez más dependiente de la infraestructura digital.

Lo anterior adquiere mayor relevancia al considerar la estructura del mercado de telecomunicaciones en México, caracterizada por un alto grado de concentración. Como se observa en la figura 1, América Móvil mantiene históricamente una participación dominante, concentrando la mayor proporción de líneas móviles, mientras que AT&T ha aumentado su presencia en años recientes, sin modificar sustancialmente la estructura concentrada del mercado. Esta configuración implica que los efectos derivados de la desconfianza en el registro de líneas no se distribuyen de manera homogénea, sino que tienden a amplificarse a través de los principales operadores. En consecuencia, cualquier disrupción en la activación o permanencia de líneas móviles podría tener efectos agregados significativos.

Si bien el registro obligatorio de líneas móviles busca reducir el anonimato y mitigar delitos como la extorsión, su efectividad depende críticamente de la capacidad del Estado para garantizar condiciones robustas de ciberseguridad y confianza en el entorno digital. En un contexto de vulnerabilidades persistentes, la medida puede generar efectos adversos sobre el cumplimiento, particularmente en un mercado de telecomunicaciones caracterizado por una alta concentración. Debido a que el número telefónico constituye un elemento central en los mecanismos de autenticación de la banca móvil, la posible pérdida o desactivación de líneas introduce riesgos de disrupción operativa a gran escala, con implicaciones para la estabilidad del sistema financiero digital.

Fuentes de consulta:

1. Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. (2025, diciembre 8). La CRT aprueba y emite los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles (Bol. 008/2025). Recuperado de: https://www.gob.mx/crt/prensa/la-crt-aprueba-y-emite-los-lineamientos-para-la-identificacion-de-lineas-telefonicas-moviles

   
   

2. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. (2025). Tarjeta de débito: Cuarto trimestre 2025. Recuperado de: https://www.condusef.gob.mx/documentos/comercio/TD-4to-Trim-2025.pdf

   
   

3. Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). (s.f.). Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT): Descarga de datos. https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/descargaDatos.xhtml

   
   

4. Lucas-Bartolo, N. (9 de marzo 2026). CRT empadronado con 13% del mercado móvil; 111 días como fecha fatal. El Economista. Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/amp/empresas/crt-empadronado-13-mercado-movil-111-dias-fecha-fatal-20260309-803350.html

   
   

5. North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511808678