La ausencia del Estado emprendedor en la economía mexicana



Durante la década perdida en el espectro de los hacedores de política económica ortodoxa se asumía que la menor participación del Estado en la asignación de recursos sería una de las condiciones necesarias y suficientes para un crecimiento robusto y sostenido de México; de hecho, en tal cosmovisión el incremento en la productividad y el empleo derivarían cuasi automáticamente de la asignación de recursos Pareto eficientes cimentadas en la ventaja comparativa ricardiana que traería consigo el cambio en el paradigma; un supuesto crucial para esto sería el incremento del coeficiente de inversión privado originado por las señales del mercado sin la acción de la mano visible del Estado; así pues, éste para estimular el crecimiento y desarrollo económico debía limitarse a asegurar los derechos de propiedad y crear las condiciones idóneas para la libre concurrencia de los entes económicos en los mercados.


En el fulcrum analítico ortodoxo el papel que ha de desempeñar el Estado en la economía es limitado: a) en la teoría microeconómica se percibe como un corrector de mercado, b) en la teoría macroeconómica se concibe como un estabilizador del ciclo económico y como prestamista de última instancia y c) en la economía de la innovación industrial interviene a través del gasto en bienes públicos como ciencia, infraestructura y para minimizar el riesgo de las actividades de innovadores, pero sin ser un innovador per se (Mazzucato y Li, 2020).


Si bien la pandemia global tiene un origen sanitario, no obstante, ha trastocado uno de los pilares de la teoría ortodoxa, a saber, la no intervención del Estado en la economía. La pandemia cristaliza sus efectos adversos sobre la economía mexicana inmersa en una trampa de largo plazo de lento crecimiento y desarrollo; esta ralentización tiene como génesis el cambio de modelo, al transitar de un proteccionismo a uno de apertura económica y que ha persistido tres décadas durante las cuales se han instrumentado varias rondas de reformas con el objetivo de minimizar la injerencia del Estado en la economía al tiempo que se colocó a las exportaciones como uno de los principales motores del crecimiento. El problema es que la premisa de las reformas se cumplió, pero no la promesa (Moreno-Brid, 2020).


Otro de los serios problemas que enfrenta México es la falta de desarrollo tecnológico que ha derivado en la dependencia de la tecnología que se genera en otras economías. Los efectos disruptivos de la pandemia exigen repensar el papel del Estado; los desafíos que se afrontan en varias dimensiones (reactivación económica, crecimiento, desarrollo productivo y cambio industrial y tecnológico) propugnan por un Estado cuyo papel sea de líder y creador al estimular su colaboración con el sector empresarial. Esta simbiosis compele la convergencia tanto del financiamiento público y la iniciativa privada, esto con el objetivo de reconstruir la tríada de colaboración (gobierno, empresas y universidades); desafortunadamente, la actual vinculación entre los actores de la tríada se asemeja más a una relación parasitaria que simbiótica luego de tres décadas de implementación de política económica de corte ortodoxa. Procedamos a discernir algunos elementos respecto a esto.


El Gasto Interno Bruto en I&D (GIBID) es principalmente financiado por el gobierno en México, de 1990 a 2014 puede constatarse una trayectoria ligeramente en ascenso al pasar de 0.16% a 0.35% como proporción del PIB; mientras que, el financiamiento del sector empresarial ha sido ínfimo y no ha logrado superar siquiera el 0.18%; lo alarmante es que ambas trayectorias a partir de 2014 y 2011 van a la baja, respectivamente (figura 1). Esto contrasta con el GIBID promedio financiado por el gobierno, 0.64%, y el sector empresarial con 1.32% como proporción del PIB de los países miembros de la OCDE.



La inversión en I+D es piedra angular del desarrollo de las capacidades de innovación en la medida que promueve la generación, absorción y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos. La principal fuente de los fondos de GIBID es el gobierno; si bien el sector empresarial incrementó su participación durante la década 2000-2010, no obstante, continúa siendo menor aunado a que en la última década del análisis evidencia un marcado descenso; este declive en el financiamiento privado resulta preocupante y antitético con los objetivos de los programas gubernamentales, pues la carga financiera ha recaído sobre el sector público (figura 2). Elementos como el régimen de importación de tecnología, la falta de experiencia, interés y capital por parte de las empresas para invertir en el desarrollo tecnológico con el objetivo de mejorar su productividad han obstruido la modernización industrial del país.



El Gasto en I+D (GID) como proporción del PIB es in indicador internacional de la inversión en I+D de los países; la inversión tan baja en México ha traído como consecuencia un sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) muy modesto, con pocos investigadores y tecnólogos, muy por debajo de lo deseable, así como una infraestructura insuficiente comparada con el tamaño de la economía; además, el crecimiento del sistema de CTI ha sido muy lento y la muy deseable vinculación entre los actores, a pesar de varios esfuerzos realizados en tres décadas, sigue sin cristalizarse; si bien Fox se propuso aumentar por decreto la inversión en I+D al 1% del PIB, su gobierno gasto en promedio un ínfimo 0.1%, lo cual resultó insignificante para alterar el patrón científico, tecnológico y de innovación del país; es preocupante que a partir de 2013-2014 el GID de empresas, gobierno e instituciones de educación superior comparten una marcada tendencia a la baja que ante la pandemia por Covid-19 difícilmente se revertirá (figura 3).



El Índice de Innovación Global (IIG) clasifica a las economías según sus capacidades de innovación y tiene como objetivo capturar las facetas multidimensionales de la innovación. En la figura 4 se muestra la puntación que ha obtenido México en cada uno de los pilares que componen el IIG de 2011 y 2021, puede observarse que prácticamente en una década ha permanecido en el mismo nivel en los pilares: 1) instituciones, 2) capital humano & investigación, 5) grado de desarrollo empresarial y 7) producción creativa; mientras que, ha avanzado en los pilares: 3) infraestructura, 4) grado de desarrollo de los mercados y 6) producción de conocimiento & tecnología. Asimismo, se puede observar el líder de cada pilar entre los paréntesis, el primer país está asociado al líder del IIG 2011 y, el segundo, al IIG 2021. En cada uno de los pilares puede constatarse la brecha existente entre México y los respectivos líderes de cada pilar al paso de una década.


En tres décadas se han tenido ciertos momentos históricos en los cuales ha emergido la visión por parte de los distintos actores de México que explican el relativo avance, no obstante, existen muchos rezagos que exigen un giro paradigmático para insertarnos en una senda sostenida de CTI, no es plausible continuar así, lo que se experimentó y aún sigue experimentándose por la Covid-19 lo evidencia; sin olvidar los serios problemas estructurales originados por instrumentar política económica de corte ortodoxa.



El Estado debe convertirse en el inversor en última instancia cuando el sector privado está paralizado; aceptar y asumir el riesgo —moldeando y creando nuevos mercados— debido a posibilidades de crecimiento futuro; fungir como el catalizador de la nueva inversión privada; hacerse cargo de las inversiones más arriesgadas e inciertas de la economía; ser un agente activo; crear un sistema de actores interconectado; actuar como líder inversor y catalizador al hacer que la red actúe y expanda el conocimiento; actuar como un creador de la economía del conocimiento —en vez de limitarse al papel de mediador—; ser un inversor en áreas en las cuales el sector privado no invertiría ni aunque tuviera los recursos; hacer que ocurran cosas que de lo contrario no ocurrirían (Mazzucato, 2014). El Estado de la economía mexicana tiene que jugar un papel de líder y creador, tiene que ser un Estado emprendedor.


Fuentes de consulta:


  1. OECD. (2022), en Main Science and Technology Indicators (MSTI database). Fecha de consulta: 11 de junio de 2022. Recuperado de: https://stats.oecd.org/

  2. Mazzucato, M. (2014). El Estado Emprendedor. Mitos del sector público frente al privado. RBA, España.

  3. Mazzucato, M. y Li, H. L. (2020). “The Entrepreneurial State and public options: Socialising risks and rewards”. UCL Institute for Innovation and Public Purpose, Working Paper Series. Disponible en: https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/wp2020-20

  4. Moreno-Brid, J. (2020). “Pandemia, política pública y panorama de la economía mexicana en 2020”, Economía UNAM, vol. 17, no. 51, septiembre-diciembre, 335-348.

  5. WIPO. (2022), en Global Innovation Index. Fecha de consulta: 11 de junio de 2022. Recuperado de: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/



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